Una de las pocas medidas fiscales aprobadas por el Gobierno para luchar contra los efectos del COVID-19 es la nueva posibilidad, desde el 14 de marzo y durante un plazo de seis meses, otorgada a los partícipes de los planes de pensiones para, de manera excepcional, hacer efectivos sus derechos consolidados en caso de desempleo o cese de actividad derivados de la situación de crisis sanitaria ocasionada.