El Real Decreto 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, entró en vigor el 18 de marzo de 2020.

Desde ese momento, aquellas empresas españolas que se hayan visto afectadas de alguna forma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, pueden adoptar un Expediente de Regulación Temporal de empleo (ERTE), basándose bien en una causa de Fuerza Mayor, o bien en causas económicas y productivas.

El primero de estos ERTES (basado en la Fuerza Mayor) tiene beneficios económicos para las empresas, puesto que en este caso estarán exentas de pagar las cuotas de la Seguridad Social de sus empleados mientras dure el estado de alarma. Igualmente, para la adopción de este primer ERTE el procedimiento a seguir es más corto, y por tanto resulta más rápido.

Ambos ERTES permiten a la empresa suspender o reducir la jornada laboral de sus empleados.

Por último, es importante señalar que si la compañía adopta un ERTE, no podrá despedir a ninguno de sus trabajadores durante un periodo de 6 meses desde la finalización del estado de alarma.

En caso de tener cualquier otra duda, podéis contactar con Nayra Marchán, nuestra abogada laboralista.