La DGT, en su reciente consulta vinculante V0322-20, de 11/2/20, ha interpretado de manera más detallada y restrictiva que hasta la fecha la afectación a la actividad económica de los activos de una Sociedad de Capital Riesgo (SCR) a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio de los socios de ésta, alcanzando las siguientes conclusiones:

  • A los efectos de la calificación de la actividad para determinar el acceso a la exención:
    • No se computan en la SCR los valores incluidos en su coeficiente obligatorio de inversión (mínimo del 60 %) del activo computable.
    • Los valores de los que sea titular la SCR que excedan del coeficiente obligatorio de inversión podrán no computarse como valores en la medida que representen al menos el 5% de la participada y ésta no sea “patrimonial”.
    • Las participaciones de las que sea titular la SCR, mientras se encuentre en algunos de los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley 22/2014 (por ejemplo, no obligación de cumplir el coeficiente obligatorio de inversión durante los primeros 3 años), no se poseen para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias, por lo que deberán computarse como valores a los efectos de determinar si la entidad gestiona un patrimonio mobiliario o inmobiliario.
  • A los efectos del alcance de la exención, sólo cuando las participaciones de la SCR en otras entidades sean «necesarias» para la obtención de los respectivos rendimientos podrán entenderse afectas a la actividad económica, si bien la DGT no se pronuncia sobre qué se entiende por “necesarias”.

Estos criterios de la DGT parece huir del automatismo de considerar que al menos el 60% del activo de una SCR está “exento” (en cuanto al alcance) a efectos del IP de los socios de la SCR.