El TSJ de Madrid, en su sentencia de 2 de diciembre de 2019, ha considerado que las costas procesales obtenidas en un procedimiento judicial constituyen una ganancia patrimonial integrable en la base imponible general del IRPF, pero sólo respecto a la parte que exceda de los costes del proceso (debidamente acreditados). Es decir, las costas deben minorarse en el importe destinado al pago de los honorarios de abogado y procurador, pues lo contrario supondría gravar una ganancia ficticia, no real.

En nuestra opinión este criterio es ciertamente lógico, si bien cabe señalar que es contrario al de la DGT (y, por tanto, al proceder habitual de Hacienda), que considera (a título de ejemplo, la consulta vinculante V1425-19, de 13 de junio de 2019) que los gastos del proceso no pueden minorar las costas procesales percibidas para calcular la ganancia patrimonial. Cabrá esperar si se produce algún cambio de criterio al respecto.