Tal y como te informamos en nuestro Flash Fiscal del día 2 de julio, el Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Nacional sobre la regulación de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades aprobada por el Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre.

La sentencia, publicada esta semana, permite reclamar los intereses de demora correspondientes a los pagos fraccionados realizados en exceso entre octubre de 2016 y abril de 2018, excluyendo esta posibilidad a “las situaciones decididas mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada” así como a “las consolidadas en vía administrativa por no haber sido impugnadas en tiempo y forma”. En estas circunstancias habrá que analizar si es posible exigir, aún así, la responsabilidad patrimonial del Estado legislador.